RESUMEN EJECUTIVO
El Programa Médico Obligatorio (PMO) constituye el más importante antecedente en la determinación política de explicitar el derecho a un conjunto de servicios de salud y prefigura el derecho básico de un aproximado de casi 18 millones de personas, convirtiéndolo en la canasta prestacional de mayor alcance en nuestro país.
Sin embargo, en su diseño, el PMO carece de una delimitación clara y precisa de los servicios que efectivamente garantiza, por cuanto ha generado incertidumbre entre los usuarios por los que vela, quienes no poseen certeza sobre sus derechos y lo que pueden esperar del sistema de salud.
Actualmente la obligación prestacional referida habitualmente como “PMO” es, en verdad, la confluencia de dos bloques normativos diferenciados: el PMO “propiamente dicho” (los Anexos de la Res. 201/02, asentados como Programa Médico Obligatorio por la Res. 1991/05 y sus modificaciones posteriores) y el conjunto de normativas que amplían la cobertura de los sujetos obligados a cumplir el PMO. Así, la responsabilidad de cobertura de los sujetos obligados por el PMO constituye un cuerpo normativo más amplio, donde se combinan y superponen distintos instrumentos.
En este trabajo, al conjunto de normativas que establecen o modifican el listado de prácticas, prestaciones y medicamentos cubiertos lo denominamos PMO “propiamente dicho”. De esta forma, se lo diferencia del PMO “en sentido amplio” o, simplemente, PMO, que incluye todas las obligaciones de cobertura a las que están sujetos los financiadores alcanzados por el PMO; principalmente, aquellas determinadas por leyes especiales.
Desde esta perspectiva, el presente documento realiza una revisión integral del PMO buscando, en primer lugar, ofrecer una base empírica para trabajar sobre su transformación y, en segundo lugar, generar un punto de partida para futuras investigaciones sobre aspectos financieros, de costo-efectividad y de carga de enfermedad. Por último, busca constituir un listado unificado con el propósito de facilitar el acceso a la información por parte de financiadores, prestadores y de su población beneficiaria, que tiene el derecho a conocer sus derechos.
