Los aumentos de las tarifas de luz y gas acumulados en el año, muy por encima de la inflación, llevan a preguntarnos: ¿Por qué pagamos la energía cada vez más cara en el país de Vaca Muerta? La herencia de gobiernos anteriores representa un condicionante cierto para la política energética. Sin embargo, desde el 10 de diciembre, se inició un proceso de reforma basado en la desregulación y reducción de subsidios que apunta a trasladar el costo total de la energía a los usuarios y maximizar la renta de las empresas del sector. Partiendo de la situación actual, el presente artículo pretende ser un disparador para el análisis sobre el sector energético en Argentina entendiendo que puede constituirse como un vector de desarrollo.
La doble dimensión de la cuestión energética
La cuestión energética puede ser analizada, al menos, desde dos dimensiones. Aunque ambas pueden parecer universos distintos, están sumamente relacionadas. Una es la energía como servicio de consumo en nuestra vida cotidiana, para transportarnos, para cocinar, para producir, o para vivir. Otra es la energía como sector productivo estratégico, que permite generar riqueza, desarrollo, volver competitivos otros sectores y mejorar nuestra balanza externa a través de la disminución de la importación de energía o, en el mejor de los casos, de la exportación e ingreso de divisas. Mejora, además, nuestra competitividad y genera empleo tanto de manera directa como indirecta.
Ambas dimensiones son determinadas por la dotación de recursos con los que cuenta un país, pero particularmente por la política energética que decide implementar el gobierno en sus distintos niveles, para explotar, distribuir y utilizar esos recursos. Al hablar de política energética, nos referimos a la sumatoria de decisiones y acciones con las que se conduce la producción, distribución y consumo de energía.
La energía fue y sigue siendo un factor determinante en la historia económica argentina. Ha incidido en los recurrentes ciclos de estancamiento de una economía bimonetaria, donde la restricción externa es uno de los principales obstáculos al crecimiento. En este sentido, quizás el ejemplo más próximo y concreto sea el período 2011-2023, en el que la balanza energética sufrió un déficit crónico que significó una pérdida de divisas de alrededor de 4.300 millones de dólares anuales por la necesidad de importar energía de distintos tipos (gasoil, GNL, energía eléctrica, fuel oil, etc.), y con distintos fines (dispensa de combustible, consumo doméstico, generación térmica, etc.).
Argentina se encuentra actualmente ante una oportunidad histórica, ya que se ve en condiciones de revertir este agravante de la restricción externa que, al menos durante los últimos 12 años, constituyó el déficit energético. Esto se da como consecuencia de la expansión de la producción en Vaca Muerta -segunda reserva de gas no convencional y la cuarta en petróleo no convencional del mundo- que ubica potencialmente a nuestro país como un jugador del mercado internacional de hidrocarburos y como un participante clave de la transición energética, con el incremento exponencial de las ventas externas de gas y petróleo. Además Argentina es competitiva también para la producción de energías renovables de distinto tipo donde se destacan la eólica y la solar.
En una política económica de carácter pendular, que oscila entre modelos productivos con diferencias sustanciales[1], la política energética no es la excepción y ha ido cambiando entre iniciativas que tendieron a la sobreregulación o a la desregulación del sector. El gobierno actual pretende avanzar en la desregulación total, priorizando la exportación de energía y la maximización de la renta, por encima del histórico objetivo de autoabastecimiento energético.
La cuestión tarifaria es uno de los elementos de la política energética, que nos puede servir a los fines de iniciar la discusión de lo particular a lo general. En este sentido, las facturas de luz y gas que están llegando a los hogares, comercios e industrias argentinas, registran desde principios de año aumentos considerables. Esto lleva a preguntarnos: ¿Por qué se paga la energía cada vez más cara, a pesar de contar con una de las principales reservas de gas y petróleo no convencional del mundo? Para dar respuesta a esta pregunta será necesario un trabajo de análisis profundo del cual el presente artículo solo pretende ser un puntapié inicial.
La situación del sector energético debe ser entendida, hacia atrás, como una de las grandes deudas heredadas de los últimos gobiernos, tanto en términos de infraestructura como en la actualización del marco regulatorio. Hacia adelante, representa una de las principales potencialidades para el desarrollo argentino. La oportunidad histórica que se presenta es motivo suficiente para abordar el tema con responsabilidad y plantear estrategias que den respuesta tanto a sus desafíos como a sus oportunidades. Para lograrlo, es fundamental un estudio en profundidad que permita construir un diagnóstico certero y, a partir de esto, construir desde una visión integral en relación a otros sectores y con una perspectiva a largo plazo para que la política energética sea transversal a los gobiernos de turno.
Objetivos de la política energética actual: desregulación del sector, maximización de la renta y priorización de la exportación
Según lo definió la actualización del marco normativo, que tiene como punta de lanza al DNU 70/23 y la Ley 27.742/24 (Ley Bases), la política energética del gobierno se basa en la desregulación sectorial y el traslado total del costo de la energía a los usuarios. Además, tiene el objetivo explícito de maximizar la renta y priorizar la exportación, abandonando el resguardo del autoabastecimiento interno, uno de los ejes históricamente priorizados.
En este sentido, se avanzó en la desregulación de los distintos precios de los productos energéticos, derivando en aumentos tarifarios que van entre el 200% y el 700% acumulado en el año (con diferencias sustanciales entre jurisdicciones y categoría). Estos aumentos, en general se encuentran muy por encima de cualquier otra variable, ya sea el índice de inflación acumulada (101% diciembre-septiembre[2]), el aumento de salarios, de jubilaciones o de las asignaciones familiares. En términos de energía, una parte importante del ajuste lo están absorbiendo los hogares, los comercios, las pymes, y las fábricas argentinas.
Esto sucede en un contexto donde el país está encaminado a posicionarse como un jugador global del petróleo y el gas, generando en los últimos años ganancias extraordinarias para las empresas de hidrocarburos. La razón de éstas son las inversiones impulsadas desde el Estado Nacional, a través de YPF y en sociedad con inversiones extranjeras.
Las medidas implementadas desde el 10 de diciembre en materia energética son quizás uno de los elementos que condicionan más concretamente la realidad actual y futura de nuestro país, y en ellas se pueden identificar al menos dos riesgos: desaprovechar una oportunidad histórica que tiene la Argentina para crecer y desarrollarse, y trasladar una parte creciente del costo de la energía al bolsillo de los argentinos, mientras las grandes empresas del sector generan ganancias extraordinarias.
El camino crítico de la desregulación
Desde el 10 de diciembre de 2023, el proceso de desregulación comenzó a materializarse a partir de cuatro normativas: la declaración de la emergencia del sector a través del Decreto 55/23 (16/12/23),como puntapié inicial del proceso de reforma; el DNU 70/23 (29/12/23) que, junto a la Ley Bases (08/07/24), estableció que el objetivo del sector deje de ser garantizar el autoabastecimiento y pase a ser maximizar la rentabilidad del sector; y el Decreto 465/24 (28/05/24) que estableció un período de transición entre junio y noviembre a un nuevo esquema de subsidios con el objetivo explícito de “trasladar a los usuarios los costos reales de la energía”.
¿Qué pasa con la electricidad?
En primer lugar, repasando algunos antecedentes necesarios para comprender la situación actual del sector eléctrico, en la última década se registra un déficit de infraestructura manifestado, por ejemplo, en el estancamiento en la ampliación de la capacidad de transporte que se incrementó en torno a un 60% entre el 2003 y el 2015. Esto deja expuesto al sistema a la posibilidad de cortes masivos de servicio por saturación, algo que ya fue advertido por CAMMESA en el mes de junio de cara a las altas temperaturas del verano 2025.[3] En este marco resulta llamativa la decisión del gobierno de dejar sin efecto, a través de la Resolución 151/24, la adjudicación a proyectos de Abastecimiento de Confiabilidad de Generación Térmica (“TerCONF”) con inversiones y obras previstas por unos u$s4.000 millones.[4]
En segundo lugar, se reconoce que la mayoría de la potencia contratada por CAMMESA es más cara que en períodos anteriores. Si se analiza el total de la potencia contratada, a principios de este año, el 32% de la energía correspondía a contratos firmados entre el 2003 y el 2015 con valores estimados entre 30 y 45 dólares por MW, mientras que el 68% correspondía a contratos firmados entre el 2016 y el 2019 con valores entre 100 y 126 dólares por MW. Además a partir de este período se le otorgó prioridad a la contratación de energías renovables (más cara) a los cuales además les dio con prioridad de despacho, lo que implica que es la energía que tiene prioridad de entrar a la red y además prioridad de pago.
En tercer lugar, para fines del año 2023 se identificaba un atraso en la actualización tarifaria y altos niveles de subsidio habiendo aumentado las tarifas considerablemente por debajo de la inflación[5]. Si bien se permitió a partir del 2022 avanzar en aumentos de manera segmentada en función del Decreto 332/22 entre usuarios de bajos (N2), medios (N3) y altos ingresos (N1), las tarifas aumentaron por debajo de la inflación generando un peso de los subsidios cada vez mayor en relación al costo de la energía que pasó del 33% en 2019 al 66% en 2023.
El gobierno actual decidió continuar con la segmentación, durante la gestión de Rodríguez Chirillo al frente de la Secretaría de Energía, y actualmente se identifican unos 8 millones de hogares categoría N2, 3 millones categoría N3 y 5 millones categoría N1.
Al inicio de la actual gestión, a los elementos mencionados se les sumó la devaluación del 118% del valor del peso, como primer golpe de impacto en el precio de las tarifas ya que aproximadamente el 80% de los costos de abastecimiento de la energía eléctrica se encuentran dolarizados.
A continuación, y en pocos meses, el gobierno nacional instrumentó una serie de aumentos en el precio de Referencia de Potencia (POTREF) a través de las siguientes resoluciones: Resolución 7/2024 (febrero), Resolución 92/2024 (junio), Resolución 192/2024 (julio), Resolución 192/2024 (agosto), Resolución 234/24 (septiembre), y la Resolución 283/24 (octubre).
Además, a través de la Resolución 90/24, se instrumentó la modificación a los topes de consumo máximos subsidiados y las bonificaciones sobre los precios mayoristas de energía eléctrica para los usuarios agrupados en los niveles N2 (a partir de 350 kWh paga precio N1) y N3 (a partir de 250 kWh paga precio N1). En función de la normativa mencionada cada jurisdicción actualizó, con diferente frecuencia, los cargos por distribución de sus territorios.
En promedio, los aumentos respecto de diciembre de 2023, a nivel país, fueron de 404% para los usuarios N3, de 325% para los usuarios N2 y del 235% para los usuarios N1, siendo los sectores de menores ingresos, quienes más dependen de los subsidios, son los que proporcionalmente más han visto subir sus tarifas. Tomando como ejemplo tarifas del AMBA, con un consumo promedio de 350 kWh (kilowatts hora), un hogar de ingresos bajos (N2) que pagaba $4.000 pesos, pasó a pagar $18.000, que un hogar de ingresos medios (N3) que pagaba $4.500 pesos, pasó a pagar $29.000, y que un hogar de ingresos altos (N1) que pagaba $12.000 pesos, pasó a pagar $43.000.
Sin embargo, aún en este contexto de aumentos sostenidos en lo que va del año, el precio que pagan los usuarios en Argentina dista de ser de los más elevados de la región donde -medidos en USD por KWh promedio- se destacan Uruguay (0,37), Brasil (0,24) y Perú (0,23), como los más caros. Por el contrario, nuestro país se encuentra en valores similares a los de Colombia (0,17), Chile (0,15), para el caso del interior del país, y cercanos a Bolivia (0,11) y Paraguay (0,5), para el caso del AMBA.[6]
Por su parte, a septiembre de este año, los subsidios del Estado Nacional siguen cubriendo una parte importante del costo de la tarifa, siendo el 52% en promedio (10% en el caso de los N1, 60% en el caso de los N3, y 75% en el caso de los N2)[7].
¿Qué pasa con el petróleo y el gas?
En términos generales el sector de hidrocarburos viene de varios años de crecimiento sostenido de la producción, que responde al aumento de la participación del shale gas y el shale oil, potenciado sobre todo en los últimos años por la producción de Vaca Muerta. A partir de este año con un fuerte incremento de las exportaciones[8] ha comenzado a revertirse la balanza energética que fue deficitaria en los últimos 12 años.
En lo que respecta al gas, en estos meses de gestión, el gobierno nacional actualizó el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) con aumentos de entre un 200% y un 300% acumulado a través de la Resolución 41/2024 (abril), la Resolución 191/2024 (julio), la Resolución 232/2024 (agosto), la Resolución 284/2024 (septiembre), y la Resolución 18/2024 (octubre), autorizando a las distribuidoras de todo el país a trasladarlo a los usuarios.
A su vez, avanzó en la desregulación del precio de las garrafas a través de la Resolución 216/2024 (agosto 2024) eliminando los precios máximos de las garrafas y estableció nuevos valores de referencia. Es el segundo aumento en lo que va del año (el primero fue en febrero a través de la Resolución 11/2024), totalizando en lo que va del año un aumento de 400% en el valor de la garrafa.[9] Esta medida afecta a más de 20 millones de argentinos que, según el INDEC, utilizan el gas en garrafa para cocinar ya que el 38% de la población Argentina no cuenta con acceso a Red de gas natural lo que en su mayoría es reemplazado por el uso de gas en garrafa.
Por su parte, a septiembre de este año, los subsidios del Estado Nacional siguen cubriendo una parte importante del costo de la tarifa, siendo el 54% en promedio (27% en el caso de los N1, 67% en el caso de los N3, y 74% en el caso de los N2)[10]. Esto implica, nuevamente, que el objetivo del gobierno de trasladar el costo real de la energía a los usuarios a través de la eliminación de subsidios, aún tiene un camino por recorrer.
En lo que respecta al Petróleo, con la eliminación del «barril criollo» a través del DNU 70/23 se tenderá a la equiparación a los precios internacionales llevando el precio del barril a más de 70 USD que -en el marco de la intensificación del conflicto en medio oriente en los últimos meses- podría llegar a superar los 80 USD, dejando a la Argentina en la misma situación que un país sin petróleo. La Ley Bases, en el capítulo de hidrocarburos, estableció que el objetivo del sector deje de ser garantizar el autoabastecimiento y pase a ser maximizar la rentabilidad. De este modo, los argentinos se verán obligados a pagar lo que el mercado internacional determine, hoy y en el futuro, sabiendo muy bien que son precios sumamente inestables y que están directamente relacionados con los conflictos que existen en otras partes del mundo.
En relación al combustible en surtidor, los aumentos del precio que se sucedieron de manera mensual desde diciembre hasta octubre acumulan entre el 76% y el 90% para la nafta y el gasoil. Si se consideran los aumentos desde noviembre se alcanzan incrementos en torno al 220%.
Mientras tanto, Vaca Muerta comienza a dar frutos después de muchos años de inversión, alcanzando niveles récords de producción. En julio se produjeron 151.7 MMm3/d de gas, logrando un crecimiento interanual del 9,8% en relación al mismo mes de 2023, el mayor volumen de los últimos 21 años. Por su parte, el petróleo registró en julio un aumento interanual de 9,1% al alcanzar los 682,7 miles de barriles diarios de producción. Este número representa la mejor performance para ese mes en 20 años y, además, implica un crecimiento de 1,8% respecto a junio de 2024.[11] Esta situación le está permitiendo al país revertir en 2024 la tendencia negativa de su balanza energética desde el 2011 a la actualidad. En julio el saldo volvió a ser favorable y en los primeros siete meses del año se registra un acumulado positivo de USD 2.934 millones.[12]
Considerando que Vaca Muerta hoy se está explotando en torno al 20% de su capacidad, poner como prioridad de la política energética únicamente la rentabilidad del sector y la exportación, podría significar dejar pasar una oportunidad histórica de que argentina tenga energía barata para ser competitiva y poder desarrollarse. En este marco, la prioridad del autoabastecimiento no es un capricho dogmático, sino que debería constituir un objetivo estratégico para el desarrollo.
La urgencia de una agenda de discusión que trascienda el “tarifazo” y la “energía regalada”
La política energética en disputa: ¿vector de desarrollo o enclave extractivista?
Los números expuestos evidencian que estamos ante un encarecimiento acelerado de las tarifas de servicios de luz y gas en relación a los valores que pagaban los usuarios hasta el año 2023, proceso que tiene perspectiva de continuar en los próximos años según la definición del gobierno nacional. Con el agravante de coincidir con un deterioro del poder adquisitivo, aumento del desempleo, y estancamiento de la economía en general. En este sentido, el peso en el salario de las facturas energéticas de septiembre es mayor que en 2019: si se considera el salario formal estimado (RIPTE), el peso de los servicios energéticos (luz y gas) de un usuario N1, N2 y N3 representan el 5,9%, 4,1% y 3,3% del indicador respectivamente.
La situación actual sin duda tiene vinculación con la herencia de gobiernos anteriores en términos de falta infraestructura, de inversión, y atraso en la actualización tarifaria, pero fue acelerado por una serie de decisiones tomadas desde el 10 de diciembre para reformar el sector con los objetivos explícitos de trasladar el costo total de la energía a los usuarios y maximizar la renta de las grandes empresas del sector.
En el contexto mencionado hasta aquí, la nueva gestión de la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti a partir del 31 de octubre, enfrentará el desafío de profundizar el proceso de eliminación de subsidios para cumplir con el objetivo de trasladar el costo a los usuarios, en un momento crítico para el sistema eléctrico –por la demanda estacional- agravado por las altas temperaturas previstas para el verano, y con la incógnita puesta en si se sostendrá o no la segmentación tarifaria. En paralelo el sector de hidrocarburos continuará creciendo, generando récords de producción y exportación, y revirtiendo el déficit crónico en los últimos 12 años de la balanza energética.
Ahora bien, lejos de circunscribir la discusión a la situación actual, la intención de este artículo es establecer algunos lineamientos para abordarla en su dimensión más estratégica. En este sentido, se parte de la base de que -a pesar del contexto actual ya mencionado- es necesario trascender la discusión cortoplacista de la política tarifaria, la cual suele darse en términos de “tarifazo”, cuando el precio de la energía aumenta para los usuarios, y en términos de “energía regalada”, cuando su evolución queda desfasada de otros precios de la economía.
Al analizar el sector energético en Argentina se reconoce un marco regulatorio obsoleto -signado por la impronta desregularizadora de los 90- que genera un funcionamiento ineficiente y ganancias extraordinarias para unos pocos. Algo que sucesivos gobiernos no han logrado revertir en las últimas décadas.
Además, se identifica un estancamiento en la inversión -pública y privada- en aspectos centrales como el transporte, en donde la inestabilidad de la macroeconomía, sumada a los cambios de dirección de la política energética, no permitió alinear intereses y objetivos para garantizarla. Sobre este punto es necesario reconocer que existieron algunos avances que ponen de relevancia la importancia del Estado Nacional, como la ampliación inédita del tendido eléctrico de alta tensión en el período 2003-2015[13], la recuperación de la mayoría accionaria de YPF (2012) que permitió -entre otras cuestiones- la exploración y producción inicial de Vaca Muerta, o la construcción del Gasoducto Presidente Nestor Kirchner (2023), por mencionar algunos de ellos.
En las últimas décadas la política energética argentina ha pendulado entre dos modelos en pugna donde la disyuntiva no es (en sí misma) exportar o no exportar, sino ¿para qué? ¿cómo? y, fundamentalmente, ¿cómo se distribuyen los costos y los beneficios?
En este sentido se contraponen dos concepciones del sector: una primera que prioriza sostener el autoabastecimiento energético como camino para garantizar el acceso a energía accesible y mejorar la capacidad y competitividad de otros sectores productivos y, de forma complementaria, destinar los excedentes a incrementar las exportaciones amplificando la escala de producción, reduciendo costos internos e ingresando divisas para aliviar la restricción externa. Por otro lado, una segunda concepción que concibe a los recursos energéticos exclusivamente como commodities y postula el abandono de la política de autoabastecimiento y la desregulación de los precios para imponer la lógica de la maximización de la renta y priorizando la exportación, lo que resulta en la confluencia de los del mercado interno a los precios internacionales. El gobierno actual ha optado explícitamente por desarrollar su política sobre esta última visión.
Entre estas dos concepciones contrapuestas, es fundamental construir una síntesis con consciencia de que Argentina -en tanto país productor de energía- está en condiciones de garantizar el acceso a servicios de forma accesible para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y fortalecer la competitividad de otros sectores productivos, permitiendo, a su vez, la rentabilidad de las empresas del sector, y garantizando el marco propicio para las inversiones privadas y públicas necesarias.
En definitiva, para responder a la pregunta de por qué aumenta el precio de la energía en el país de Vaca Muerta, además de lo expuesto en este artículo, se requiere un análisis profundo que indague en la estructuración del sector, su regulación, sus costos, su funcionamiento, y sus rentabilidades, entre otros elementos. Para esta instancia, y quizás más relevante de cara al futuro, consideramos necesario preguntarnos: ¿cómo debería aprovechar Argentina la oportunidad que representa el sector energético para su desarrollo?
Ante los objetivos del gobierno nacional actual, y la ya avanzada implementación en torno a los mismos (en relación a la desregulación del sector, maximización de la renta y exclusiva priorización de la exportación), entendiendo que se alejan de un proyecto estratégico y de largo plazo que promueva un desarrollo integral para el país, consideramos urgente contraponer una agenda de discusión a la altura de la oportunidad ante la que nos encontramos.
En esta línea se buscará, construir una síntesis en torno a cómo Argentina puede, en tanto país productor de energía, a través de políticas con visión estratégica de largo plazo, garantizar el acceso a energía barata para su población y sus sectores productivos, permitiendo a su vez la rentabilidad del sector, y consolidando el marco propicio para las inversiones privadas y públicas necesarias, posicionando a la energía como un vector de desarrollo nacional.
Notas
[1] Fundación Poliedro (2024). Aportes para repensar el desarrollo económico argentino. https://fundacionpoliedro.com/economia-trabajo-y-produccion/aportes-para-repensar-el-desarrollo-economico-argentino/
[2] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_10_24C3C427AAFB.pdf
[3] Dada la oferta limitada de los países vecinos, la indisponibilidad de Atucha I y la duda que no ingrese la CN Néstor Kirchner (Atucha II) el 13/12/2024, se calcula que la oferta máxima posible alcance los 28.151-28.751 MW y de allí que falten de 2.500 MW para cubrir el pico de 30.700 MW que se espera. https://www.fundacionencuentro.com/projects/generaci%C3%B3n-el%C3%A9ctrica-en-el-pr%C3%B3ximo-verano%3A-faltar%C3%A1n-al-menos-2.500-mw-para-cubrir-el-pico-de-30.700-mw-de-demanda-que-se-espera
[4] https://www.ambito.com/energia/dejan-efecto-la-adjudicacion-terconf-y-quedan-duda-inversiones-us4000-millones-n6030065
[5] REPORTE DE TARIFAS y SUBSIDIOS #09 https://iiep.economicas.uba.ar
[6] Informe sectorial Agosto 2024 (UDEA) https://www.udea.org.ar/newsroom/archivosinformes/Informe%20Sectorial%20Agosto%202024.pdf
[7] REPORTE DE TARIFAS y SUBSIDIOS #09 https://iiep.economicas.uba.ar
[8] En el primer semestre de este año, el complejo Petroquímico se convirtió en el segundo complejo exportador detrás del agroindustrial desplazando al automotriz, con principales destinos Chile, Estados Unidos y Brasil, alcanzando el 13,4% de las exportaciones argentinas.
[9] Concretamente, implica reemplazar los “Precios Máximos de Referencia” por “Precios de Referencia” para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas estableciendose en: $8.500 (10 kg), $10.200 (12 kg), $12.750 (15 kg). Esto implicaría que, en el caso poco probable de que se respetaran los precios de referencia, un valor aproximado de entre 25.000 y 38.000 en caso de que se use para cocinar, y entre 51.000 y 76.000 en caso de que se utilice además para calefaccionar
[10] REPORTE DE TARIFAS y SUBSIDIOS #09 https://iiep.economicas.uba.ar
[11] Secretaría de Energía (2024). https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-produccion-de-hidrocarburos-alcanza-nuevos-maximos
[12] Secretaría de Energía (2024). https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-argentina-afianza-su-superavit-comercial-energetico
[13] Entre el 2003 y el 2015, se transformó el sistema de transporte de energía eléctrica pasando de 9.100 kilómetros de transporte a 14.131 kilómetros, construyendo más de 5.000 kilómetros de transporte de alta tensión de 500 kV. https://chequeado.com/ultimas-noticias/segun-cfk-el-sistema-argentino-de-interconexion-electrica-se-expandio-5000-km/
