RESUMEN
El sistema de salud argentino se caracteriza por su estructura federal, establecida en el Artículo 1° de la Constitución Nacional. En este marco, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno resulta esencial para diseñar e implementar políticas públicas efectivas, especialmente en el ámbito sanitario.
La falta de articulación entre jurisdicciones, la superposición de funciones y la descoordinación en los niveles de atención y financiamiento generan ineficiencias que afectan tanto la equidad en el acceso a los servicios como la sostenibilidad del sistema. La descentralización de competencias, sin mecanismos adecuados de coordinación y compensación, contribuye a perpetuar desigualdades territoriales.
Para optimizar el sistema, es crucial clarificar las responsabilidades en materia de derecho sanitario y fortalecer la articulación intergubernamental e intersectorial. Esto permitiría evitar la dispersión de esfuerzos, resolver problemas persistentes y enfrentar desafíos emergentes.
En nuestro país, un entrelazado normativo amplio establece un fundamento sólido y dinámico para afirmar a la salud como un derecho humano integral. Aún en el marco de un diseño federal, el Estado Nacional se configura como el último garante del derecho a la salud, con la obligación de adoptar acciones positivas que aseguren su cumplimiento efectivo.
La competencia en materia de salud no es exclusiva de las provincias ni del Gobierno federal, sino que constituye una potestad concurrente entre ambos niveles de gobierno. En este sentido, la responsabilidad de la conducción y coordinación del sistema sanitario argentino recae en el Ministerio de Salud de la Nación y la potestad legislativa, en el Congreso de la Nación.
Ante la dispersión y fragmentación de responsabilidades y funciones, se impone la necesidad de continuar fortaleciendo el rol rector, de apoyo y de articulación del Ministerio de Salud de la Nación. En este contexto, el Consejo Federal de Salud (CO.FE.SA) emerge con la potencialidad de consolidarse como una instancia institucional capaz de facilitar la acción conjunta entre el gobierno nacional y los gobiernos jurisdiccionales.
El presente trabajo se propone, por un lado, identificar y clarificar las competencias que las distintas jurisdicciones conservan en relación al derecho a la salud de la población argentina; y por otro lado, reconocer los mecanismos e instancias que favorecen la articulación entre los territorios federados y el Estado Nacional, garantizando así el cumplimiento efectivo de este derecho fundamental.
